Esfuerzos eco-comunitarios: el desarrollo post COVID-19





La pandemia de COVID-19 ha puesto a prueba de fuego el modelo de desarrollo actual desde todos los sentidos. Especialmente esta situación permite que se ponga en duda su eficacia frente a una multiplicidad de crisis: sanitaria, económica, política y ambiental.

Las respuestas estatales ante la pandemia corresponden a un esquema político improvisado en el cual los estados se mueven alrededor de las cifras de muertos y eligen quiénes pueden ser salvados. Frente a esta realidad, no es de sorprender que cuerpos históricamente vulnerables sean, una vez más, olvidados en esta operación de rescate. Problemáticas aun presentes como la crisis ambiental o la crisis migratoria han sido descartadas de las agendas políticas. Más aun ahora que múltiples gobiernos como el de Trump o Bolsonaro han enfocado sus esfuerzos en salvar un modelo económico obsoleto, dejando de lado las problemáticas más grandes que enfrenta el mundo y que requieren una respuesta inmediata.

El colapso del sistema económico mundial y de las cadenas de valores tiene un efecto muy agudo en poblaciones empobrecidas y racializadas. La desigualdad, producto de este sistema pone en peligro no solo la salud de las personas, sino su calidad de vida en todas sus expresiones. Se pone en riesgo el abastecimiento de medios de vida, servicios básicos, fuentes de alimento, seguridad alimentaria y también se facilita la desprotección de territorios.

Entre las muchas poblaciones golpeadas por la crisis sanitaria están los pueblos y nacionalidades indígenas y las comunidades campesinas. Actualmente varios pueblos Waorani, incluso algunos que se encuentran en la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, se han pronunciado sobre el devastador efecto del COVID-19 sobre sus habitantes (Amazon Frontlines, 2020). En Brasil se le está dando un uso genocida a la pandemia en el que la minería está siendo apoyada para invadir territorios indígenas (France 24, 2020).





Los impactos de esta situación van más allá de la posible introducción del virus por parte de las empresas a estos territorios. El daño ambiental que está siendo intensificado en aprovechamiento de la poca posibilidad de resistencia, puede dejar a estos pueblos con mayores vulnerabilidades a futuro. Las dinámicas de racismo ambiental no solo son evidentes en este contexto, también son legitimadas desde las esferas estatales. La exacerbación de las desigualdades es una muestra de que el problema no es meramente la pandemia de COVID-19, sino el esfuerzo gubernamental por mantener vigente un modelo de desarrollo lineal sin límites que no tiene responsabilidad política sobre los territorios.

En respuesta a esta problemática es necesario re pensar los sistemas de producción y la cadena de valor. Desde una mirada de decrecimiento un freno en esta crisis mundial es volver la atención a las economías a pequeña escala que sean creadas desde la diversidad y responsabilidad ambiental y comunitaria. Actualmente la falta de atención política a estas alternativas ha generado un caos productivo que a la vez debe lidiar con los impactos del cambio climático.

Muchas comunidades indígenas logran sobrellevar el aislamiento desde modelos locales de producción. Un ejemplo son las mujeres guardianas de las semillas en Cotacachi, quienes hacen frente a los efectos del cambio climático y al monocultivo para la exportación desde la protección y conservación de semillas que aseguren soberanía alimentaria a sus familias (OCARU, 2020). En este ejemplo también se puede observar como el empoderamiento productivo de las comunidades tiene impacto incluso en la disminución de la desigualdad de género.

Desde las ciudades las alternativas como el compostaje, los huertos urbanos, uso de energías renovables y el cambio en los patrones de consumo son actos revolucionarios frente a la crisis. Sobre todo, la exigencia de políticas productivas que trabajen en respuesta a la crisis ambiental son necesarias para que los Derechos de la Naturaleza y los Derechos Humanos sean respetados incluso en tiempos de COVID-19.

Hasta el momento el mundo ha vivido con el peso de sostener un sistema completamente caduco que reproduce desigualdades estructurales. La dependencia hacia la industria extractivista ha provocado un efecto derrame de desposesión territorial y desregulación ambiental que no puede asegurar el bienestar de generaciones futuras. En consecuencia, la migración, racismo, xenofobia, sexismo, privatización del acceso a salud, seguridad alimentaria y especialmente la crisis climática son problemas que se vuelven cada vez más irreversibles. Una economía circular y con límites permitiría reordenar el sector productivo, promovería el desarrollo local y generaría espacios más solidarios devolviendo la dignidad y autonomía a las comunidades. Es hora de formar una nueva alianza entre los gobiernos y la sociedad civil que vele integralmente por la seguridad humana y de la naturaleza en todos sus sentidos.


Bibliografía

Amazon Frontlines. (17 de Junio de 2020). Urge verificación y plan de contención del covid-19 en las comunidades waorani ubicadas en Zona Intangible Tagaeri Taromenane. Obtenido de Amazon Frontlines: https://www.amazonfrontlines.org/chronicles/covid19-waorani-tagaeri-taromenane/

France 24. (2 de Junio de 2020). Yanomamis de Brasil exigen expulsión de mineros ilegales para frenar la pandemia. France 24.

OCARU. (17 de Abril de 2020). Las mujeres campesinas, guardianas de las semillas. Obtenido de OCARU: https://ocaru.org.ec/index.php/comunicamos/noticias/item/3689-las-mujeres-campesinas-guardianas-de-las-semillas

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